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Administraciones públicas, empresas de ingeniería y construcción, asociaciones sectoriales y profesionales han coincidido en la necesidad de tomar medidas urgentes que permitan mejorar las actuales condiciones empresariales, laborales y salariales en la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos para reforzar la competitividad del sector. Así lo han puesto de manifiesto durante la jornada ‘La calidad en el empleo de los ICCP en la Ingeniería’, organizada por la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP.
Su decano, Juan Manuel Medina, ha abierto el foro apelando a la unidad de todos los agentes implicados para alcanzar un “consenso de mínimos” que permita revertir el deterioro progresivo que se está sufriendo desde hace años. “Debemos ser capaces hoy de acordar unas líneas rojas infranqueables y que todos rememos juntos para reformar las condiciones de contratación”, ha afirmado. Un acuerdo que se ha hecho palpable en las diferentes intervenciones de los representantes públicos y privados en las distintas mesas.
Medina ha alertado del riesgo de consolidar una “Ingeniería low cost”, consecuencia de años de adjudicaciones a la baja, pérdida de prestigio social y unas condiciones salariales insuficientes para una profesión que asume una enorme responsabilidad técnica y social. “La calidad del empleo de un ingeniero de Caminos determina la seguridad y la sostenibilidad de las infraestructuras que construimos. Cuando los contratos se adjudican primando el precio sobre la excelencia técnica, se compromete la eficacia de las obras y se debilita nuestra función social”, ha lamentado.
Asimismo, ha advertido de que ya el 73% de las empresas tiene problemas para encontrar ingenieros -estudio de Manpower- y que España necesitará incorporar 200.000 nuevos profesionales en la próxima década. Este panorama coincide, según ha hecho hincapié, con la falta de egresados en las escuelas y la jubilación del 35% de los ingenieros de Caminos en un plazo de diez a trece años.
Ante ello, ha incidido en la urgencia de que las licitaciones otorguen el peso real a la calidad técnica, de que se recuperen las cláusulas de revisión de precios “para evitar que los salarios de nuestros ingenieros se vean devorados por la inflación en contratos de larga duración”, y en la necesidad de seguir trabajando para recuperar el reconocimiento social de la profesión. “No podemos permitir seguir siendo invisibles para la sociedad, excepto cuando hay catástrofes o escándalos; debemos cambiar este discurso desmotivador”.
Durante la inauguración de la jornada, el viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Mario Muñoz-Atanet, ha recalcado que “las infraestructuras son para la sociedad como el esqueleto para un ser vivo; son su pulso vital y no sólo favorece el desarrollo, sino que permite que se extraiga su riqueza. Aportan un valor de desarrollo imprescindible, tienen valor patrimonial y su inadecuado mantenimiento puede dar lugar a elevados costes y deben diseñarse con garantías suficientes”.
Asimismo, ha incidido en que “es necesario reforzar la presencia de los ingenieros de Caminos en las administraciones”, poniendo como ejemplo a la propia administración andaluza, que va a modificar la RPT para incrementar la dotación de profesionales ICCP.
Revisión de la Ley de Contratos Públicos
Muñoz-Atanet ha lamentado que desde 2009 se realizó un ajuste en gasto público y la inversión está muy por debajo de lo deseado. “Necesitamos buenos equipos, buena ingeniería, buenos diseños, buena supervisión y buen mantenimiento. Cuando compras barato es porque no valoras la calidad del producto. La administración debe velar por la calidad y la economía, un equilibrio entre ambas debe ser lo esencial para un valor tan importante”. Por ello, ha concluido, “debe realizarse una revisión profunda de la Ley de Contratos Públicos porque está provocando tensiones y afectando gravemente a las infraestructuras”.
A continuación, ha tomado la palabra su homólogo de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona, quien ha puesto de relieve que la calidad en el empleo de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos constituye hoy un factor estratégico para el desarrollo económico y social de Andalucía. En un contexto marcado por la transición ecológica, la digitalización y la creciente complejidad de las infraestructuras, ha subrayado “la necesidad de alinear las condiciones laborales con el alto nivel de responsabilidad y cualificación que exige la profesión, abordando retos como la sostenibilidad en la inversión pública y privada, la fuga de talento y la necesidad de perfiles altamente especializados”.
Reivindicaciones empresariales
Por su parte, representantes de las asociaciones empresariales CÍES-ASICA, CEACOP, y FADECO Contratistas han coincidido en la necesidad de dotar de estabilidad presupuestaria a la inversión en infraestructuras mediante la consignación de un porcentaje base del PIB destinado a su construcción y conservación, con el objetivo de garantizar el progreso del país, aportar certidumbre al sector y frenar la fuga de talento. Asimismo, han reclamado que las administraciones refuercen su apoyo a la ingeniería de consulta, integrando su labor en todo el ciclo de vida de las infraestructuras, también en la fase de conservación.
Entre las principales demandas, han instado a establecer precios de licitación ajustados a la estructura real de costes de las ingenierías, de modo que los contratos definan con claridad su alcance, responsabilidad y valor. También han pedido que los pliegos contemplen cláusulas y partidas específicas que permitan remunerar adecuadamente las modificaciones o demoras que puedan producirse durante la ejecución de los contratos. Para concluir, han defendido la necesidad de limitar los encargos a medios propios de la Administración, fomentar la libre concurrencia y agilizar los procedimientos de contratación y adjudicación.
