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Grupo Azvi niega cualquier vínculo entre el accidente reciente y las investigaciones judiciales por los casos Koldo García y Víctor de Aldama

La compañía rechaza “de forma tajante” las informaciones que relacionan el trágico accidente con causas judiciales ajenas, defiende la legalidad de todas sus actuaciones y anuncia posibles acciones legales por el daño reputacional causado.

Grupo Azvi ha emitido un comunicado en el que rechaza de forma contundente cualquier intento de vincular el reciente accidente de carácter trágico con investigaciones judiciales ajenas al mismo, especialmente las relacionadas con Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama Delgado. La empresa asegura que dichas informaciones carecen de base factual y responden a un tratamiento “sensacionalista” de los hechos.

Según la compañía, las noticias publicadas desde el pasado 19 de enero de 2026 reeditan acusaciones anteriores ya desmentidas y no guardan relación alguna con las investigaciones en curso sobre el accidente. En este sentido, Grupo Azvi afirma que se están utilizando hechos de enorme gravedad humana para reactivar acusaciones falsas “ya superadas”.

En relación con Erikapat Consultoría Internacional, S.L., el grupo empresarial explica que la relación contractual se limitó a un periodo inferior a cuatro meses, entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, y fue rescindida de forma inmediata tras el arresto de Koldo García, por resultar incompatible con su Código Ético y su Sistema de Compliance. El contrato, según precisa la empresa, se circunscribía exclusivamente a un proyecto de expansión en Sudamérica y prohibía expresamente a la consultora representar o contratar en nombre del grupo.

Asimismo, Grupo Azvi subraya que parte de los pagos realizados durante la vigencia del contrato se efectuaron directamente a la Agencia Tributaria debido a embargos existentes y que no se generó ninguna retribución variable asociada a proyectos, ya que no se materializó ninguno.

Respecto a Víctor de Aldama Delgado, la compañía explica que el pago de 18.000 euros estuvo vinculado a la adquisición de una acción en un proyecto deportivo privado —el Club de Natación Trastámara de Sevilla— que finalmente no prosperó. Dicha cantidad, añade el comunicado, fue reclamada y devuelta íntegramente el 17 de marzo de 2020, existiendo respaldo documental bancario. Además, recuerda que el propio Aldama reconoció públicamente el pasado 20 de enero que dicho pago no correspondía a comisión alguna.

El grupo destaca que, tras más de dos años de investigaciones policiales y judiciales y diversos informes de la UCO, ni la empresa ni ninguno de sus directivos, administradores o empleados han sido investigados en relación con estos asuntos, asegurando que el único foco existente ha sido “exclusivamente mediático”.

Grupo Azvi afirma que nunca ha realizado pagos que supongan un incumplimiento de su Sistema de Compliance Penal y defiende que todas sus actuaciones se han regido por los principios de legalidad, integridad, transparencia y trazabilidad. La compañía recuerda que cuenta desde 2019 con un Sistema de Compliance Penal certificado conforme a las normas UNE 19601:2017 y UNE-ISO 37001.

Finalmente, la empresa lamenta el “grave daño reputacional” causado por informaciones que califica de falsas y maliciosas, apela a la responsabilidad informativa en el tratamiento del suceso y anuncia que se reserva el ejercicio de acciones legales, civiles y penales, para la defensa de su honor y la protección de su reputación empresarial.

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