La principal reivindicación de la nueva junta directiva es incrementar el protagonismo de la empresa andaluza como principal actor y adjudicatario de las inversiones que se ejecutan en la región.
El informe que elabora Ceacop refleja que en 2024 la Junta ha reducido en veinte puntos las adjudicaciones a compañías andaluzas hasta un 47% del total, la cifra más más baja de la serie histórica. El organismo más inversor es el Gobierno central al mantener estables sus cifras y la Junta las aumenta un 17,5%, mientras que Sevilla acapara el 36,4% del total.
La falta de profesionales se ha situado como un grave problema al que se une el envejecimiento de las plantillas, con solo un 9% de empleados menores de 30 años.
El Decreto-ley 4/2022 establece que dichos contratos sean revisados del mismo modo que los correspondientes a obras. La Consejería de Fomento está pagando la mano de obra en las conservaciones un 30% por debajo del convenio.
El nuevo responsable es miembro de la Junta Directiva desde hace siete años y cuenta con una dilatada experiencia en puestos de responsabilidad y gerencia en compañías del sector.
Suscrito por la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda Ramírez, y la gerente de Ceacop, Ana Estella Pérez.
Ayuntamientos y Junta suman casi el 64% del importe de las adjudicaciones del pasado ejercicio, mientras que el Gobierno eleva un 81% los fondos, pero solo contrató el 23% a compañías andaluzas. Ceacop alerta de que las empresas continúan afrontando una situación difícil por el alza del precio de los materiales, lo que se traduce en que han quedado desiertas licitaciones por valor de 240 millones, el 182% más.
El sector pide al Gobierno de España que se incluya la energía en la revisión de precios e insta a la Junta de Andalucía a seguir el camino de otros gobiernos autonómicos y elaborar su propia normativa.
La inversión se sitúa en 1.723 millones en 2020, según el informe anual elaborado por Ceacop, que denuncia la ralentización de este sector, que se mantenía en tendencia positiva desde 2016, año en el que tocó fondo. El Gobierno central reduce sus adjudicaciones de infraestructuras a 289 millones, frente a los 795,1 millones de un año antes y solo el 31% lo ejecutarán empresas andaluzas. La Junta eleva su inversión un 35%, mientras que los ayuntamientos lo hacen un 15%.
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