Cuando un recurso es vital, pero a la vez escaso, su valor aumenta y corre el riesgo de manipularse en detrimento del bien común. Es lo que ocurre con el agua, un derecho público, imprescindible para las personas y el medio ambiente, y cosustancial al desarrollo económico por su especial vinculación a sectores como la agricultura y el turismo. Sin embargo, en los últimos años, el agua se ha convertido en un goloso negocio económico del que muchos quieren sacar tajada y su gestión, a menudo, se utiliza como elemento de confrontación política.
Administraciones públicas y empresas privadas comparten la gestión del agua en Andalucía, comunidad que dispone de unos recursos hídricos de 3.658 hectómetros cúbicos al año sobre una superficie de demarcación de 30.737,8 kilómetros cuadrados. Esta superficie comprende, de un lado, la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, que es intercomunitaria y que de nuevo gestiona el Gobierno central a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Mientras que las tres demarcaciones hidrográficas intracomunitarias (Mediterránea, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras) son competencia del Gobierno andaluz, que entre 2009 y 2011 también asumió la del Guadalquivir.
En Andalucía, el recurso del agua tiene una importancia crucial por tratarse de un elemento más escaso que en otros territorios españoles y europeos y por generar a la vez un mayor valor añadido en actividades productivas como la agricultura, dado el efecto multiplicador que supone la práctica del regadío bajo condiciones de clima mediterráneo. De hecho, la agricultura lidera el consumo –ha aumentado especialmente en el valle del Guadalquivir y en los nuevos regadíos litorales–, seguida del consumo urbano y por último del uso industrial. Pero a medida que ha ido creciendo la demanda, lo ha hecho también el déficit hídrico.
Se han buscado soluciones a este problema, como la transferencia de recursos entre distintas cuencas hidrográficas. Asimismo, la construcción de presas sobre los cauces de los principales ríos y sus afluentes ha permitido mitigar la gran irregularidad de las precipitaciones propia de nuestro clima mediterráneo. Y gracias a estas infraestructuras, las aguas superficiales representan hoy el 62% de todos los recursos hídricos de Andalucía.
